El apoyo del gobierno a la Investigación y Desarrollo comenzó un poco más tarde que la política de incentivos a los inversores privados. Para entonces, el flujo de inmigrantes había disminuido, después de dos décadas de fuerte crecimiento. La necesidad de definir una nueva estrategia de desarrollo es una prioridad. Basándose en consideraciones similares a las que habían motivado la política de incentivos a la inversión en particular, la abundancia de un mano de obra calificada, una cultura de la excelencia científica y tecnológica y la escasez de los recursos naturales (el gobierno decidió promover el desarrollo de una ciencia) del sector basado en la contribución del sector privado a proyectos de I + D.
Un primer paso en esta dirección fue la creación, a fines de 1960, de la Oficina del Jefe Científico (Chief Scientist), en el Ministerio de Industria, Comercio y Economía. El jefe científico administra fondos públicos y ayuda a dar continuidad a los proyectos de I + D.
Otro paso fue la aprobación de la Ley para el Fomento de la I + D industrial en 1984, que aún representa el marco jurídico fundamental para el apoyo gubernamental a la industria privada en I + D. Esta ley apoya y solicita el desarrollo de un uso intensivo de la ciencia, la industria orientada a la exportación, capaces de acomodar la expansión de la fuerza laboral, mejorar la balanza de pagos, y conceder ayudas, préstamos y otros incentivos.
La Oficina del jefe científico, junto con la Ley de Fomento de I+D, constituyen los dos principales instrumentos para la aplicación y administración de la política del Gobierno en I+D, y han demostrado un notable grado de flexibilidad a través de los años, y la capacidad de adaptar y ampliar su alcance en respuesta a cambio tecnológico y las prioridades económicas.
Generalmente la oficina del jefe científico da prioridad a aquellos proyectos que tengan como consecuencia los conocimientos y la tecnología, y que puede dar lugar tanto a nuevos productos y procesos, o para mejoras sustanciales de los ya existentes. Bajo el programa, las empresas beneficiarias pueden solicitar las apoyos económicos, que cubrirán de 20 a 50 por ciento de la I+D luego de aprobado presupuesto de gastos. Un Comité de Investigación, presidido por el Jefe Científico, se encarga de administrar el programa, en particular mediante la evaluación de la elegibilidad de los proyectos, y definir las condiciones para la aprobación de los apoyos económicos de acuerdo con las condiciones generales establecidas en la ley 1984. En este sentido, los proyectos favorables deberán ser ejecutados por la propia empresa, y aunque las disposiciones relativas a la no transferencia al extranjero del know-how y fabricación, ya que son derechos derivados de los proyectos de I+D se han relajado, la transferencia sigue siendo lo que define los costos y condiciones.
